Publicado el 30/05/2025 por Administrador
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Un contundente operativo militar realizado en la provincia de Esmeraldas terminó con el decomiso de más de 36.800 galones de combustible de presunto origen ilegal, así como $13.860 en efectivo y la detención de cinco personas vinculadas a una presunta red de contrabando de hidrocarburos.
La operación se desarrolló en la vía Santo Domingo–Esmeraldas, a la altura del sector Winchele, donde efectivos del Ejército ecuatoriano, en coordinación con la Policía Nacional, detectaron un predio donde se encontraban estacionados varios tanqueros con grandes cantidades de combustible. Al realizar la inspección del sitio, los uniformados constataron que ninguno de los vehículos contaba con la documentación legal para el transporte de hidrocarburos.
En el lugar fueron detenidas tres personas que no pudieron justificar la tenencia del combustible. Poco después, otras dos personas llegaron al predio a bordo de un vehículo, portando una suma considerable de dinero en efectivo cuyo origen tampoco pudieron justificar, por lo que también fueron aprehendidos.
Durante el operativo se incautaron cinco automotores utilizados aparentemente para el transporte de la carga ilegal, así como dispositivos de comunicación que serán analizados en el marco de la investigación. Todo el material incautado fue entregado a las autoridades judiciales correspondientes.
Este golpe al contrabando se considera uno de los más importantes en lo que va del año en esta provincia costera, que por su ubicación estratégica se ha convertido en una zona de tránsito clave para organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de combustibles hacia países vecinos.
Las Fuerzas Armadas resaltaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia más amplia para combatir el delito organizado en la región y garantizar la soberanía energética del país. “Vamos a seguir firmes en la lucha contra estas mafias que afectan la economía nacional y operan con total desprecio por la ley”, señalaron voceros militares tras la intervención.
Desde el Ministerio del Interior se recordó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones severas para quienes incurran en este tipo de delitos, especialmente si se cometen en zonas fronterizas o portuarias, con penas que pueden llegar hasta los siete años de prisión.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades sospechosas relacionadas con el tráfico de hidrocarburos y reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo los controles en puntos críticos del país.
Este exitoso operativo es una muestra del trabajo conjunto entre distintas instituciones del Estado para desarticular redes criminales, proteger los recursos nacionales y mantener la seguridad en territorios históricamente golpeados por el crimen organizado.
